El próximo gobierno heredará uno de los problemas fiscales más delicados del país: Petroperú. El Ejecutivo aprobó esta semana un nuevo decreto de urgencia que autoriza respaldos financieros de hasta US$2 mil millones, elevando los apoyos acumulados a la petrolera estatal a más de S/32 mil millones desde 2013. Si bien el mecanismo introduce precisiones sobre el rol del Estado como garante y canaliza los recursos mediante fideicomisos, el alivio que ofrece es principalmente de corto plazo y no altera la trayectoria de fondo de la empresa. El problema central permanece intacto. El decreto vuelve a concentrarse en los efectos financieros sin abordar las causas estructurales de la insolvencia. No hay avances sustantivos en gobierno corporativo, transparencia, rendición de cuentas ni en una reestructuración operativa integral. Tampoco se establecen responsabilidades claras por las fallas reconocidas en la refinería de Talara ni compromisos verificables que reduzcan la probabilidad de nuevos episodios de deterioro financiero. Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, advierte que el Estado termina siendo una garantía implícita permanente. “No hay ningún avance en lo que genera la insolvencia: mal manejo, falta de transparencia y pésimo gobierno corporativo”, señala, recordando que varios decretos anteriores ni siquiera se han cumplido. En ese contexto, distintos especialistas coinciden en que Petroperú enfrenta serias limitaciones para recuperar su sostenibilidad, manteniendo altos niveles de endeudamiento y una estructura que no logra generar rentabilidad consistente.
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