Por Karina Garay Tapia, vocera del Observatorio de Minería Ilegal. La situación actual de la Reserva Nacional Tambopata refleja la grave crisis que enfrenta el Estado ante el avance de la minería ilegal en áreas naturales protegidas. A pesar de que Tambopata está entre las primeras 10 áreas naturales más visitadas en el Perú, y a escala mundial se encuentra en el top 100 `green destinations', no está libre de amenazas. La presencia de minería ilegal dentro y alrededor de esta reserva ocasiona deforestación, contaminación por mercurio, pérdida de biodiversidad y expansión de economías ilícitas que afectan a comunidades y ecosistemas amazónicos. Para el próximo gobierno, la lucha contra la minería ilegal debe convertirse en una prioridad nacional con acciones firmes e integrales. Estas medidas no pueden limitarse a operativos de interdicción, sino complementarse con un adecuado proceso de formalización minera, fiscalización efectiva y eliminación de los espacios de impunidad que actualmente favorecen esta actividad. Una de las principales medidas debe ser el cierre definitivo del Reinfo y la creación de un nuevo marco legal para la pequeña minería y minería artesanal (MAPE), basado en reglas claras, responsabilidad ambiental y fiscalización efectiva. Sabemos que el Reinfo es solo un mecanismo utilizado para evitar sanciones penales, civiles y administrativas, incluso en zonas prohibidas.