La plaga de funcionarios que presionan a sus subalternos para quitarles dinero no es monopolio del Congreso, los ministerios, organismos electorales o gobiernos locales. La propia presidenta del Tribunal Constitucional denunció penalmente a una directora de su institución por usar su cargo para apropiarse de dinero ajeno. “Iniciar diligencias preliminares en sede fiscal por el plazo de sesenta días en los seguidos contra Susana Esther Victoria Távara Espinoza, por la presunta comisión del delito contra la libertad, en la modalidad de coacción y acoso”, señaló la fiscal Evelyne Ramos Mauricio el 24 de marzo.