La detención de la banda Los Pulpos de La Victoria va mucho más allá de un escándalo de corrupción en un gobierno local. Lo que este caso revela es el presunto uso del aparato municipal al servicio de una maquinaria de extorsión organizada que afectaba a miles de trabajadores informales de Gamarra, una de las principales zonas comerciales de Lima y uno de los motores del emprendimiento peruano. En un país que ha sufrido en los últimos años el avance de las mafias y el cobro de cupos, resulta grave que esta organización se haya valido de las propias estructuras del gobierno municipal –según sostiene la fiscalía– para desarrollar sus actividades criminales. El Ministerio Público señala que funcionarios, fiscalizadores y hasta el alcalde de La Victoria, Rubén Cano (Renovación Popular), habrían facilitado o encubierto este esquema. Una hipótesis que, de ser cierta, se sumaría a muchos otros casos de autoridades municipales que aparecen vinculadas a redes de corrupción, cobro de cupos o protección a mafias. Entre los detenidos, llama especialmente la atención la presencia de Jhuliana Carbonel, acusada de ser la administradora de la caja de extorsiones y de comandar a un grupo de mujeres que cobraban los cupos en las calles. Carbonel postuló en las elecciones del 12 de abril a una diputación por Lima en las listas de Juntos por el Perú (JP), el partido de Roberto Sánchez, pero todo indica que, felizmente, no consiguió los votos suficientes para acceder al Congreso. Además, como revela en su edición de hoy este Diario, la agrupación la había inscrito como precandidata a regidora por La Victoria para las elecciones municipales de este año. Se espera que las organizaciones políticas que albergan a los implicados en este caso se pronuncien sobre lo sucedido.