Por Víctor Fuentes, gerente de Políticas Pública del Instituto Peruano de Economía (IPE). El gobierno nos pide, una vez más, que no usemos palabras feas. Que no hablemos de rescate o salvataje estatal. Que entendamos que esta vez es distinto: no se trata de plata del Tesoro, sino de un sofisticado mecanismo financiero con banca internacional, fideicomisos, Pro Inversión y compromisos contingentes. En suma, nos piden admirar la ingeniería del tubo mientras evitan discutir el agua que corre por dentro. Pero la realidad es bastante menos elegante. El D.U. 003-2026 autoriza un nuevo esquema de respaldo de hasta US$2.000 millones para PetroPerú, con garantías y compromisos estatales para sostener su operatividad y evitar problemas de abastecimiento. El propio Ejecutivo ha defendido la medida como “distinta” y “responsable”, insistiendo en que no implica usar directamente recursos de los contribuyentes. El problema, por supuesto, es que cuando el Estado pone la “espalda” para que otros presten, el riesgo sigue siendo público, aunque el PowerPoint diga otra cosa. Después de años de apoyo explícito e implícito, cambios de directorio, capitalizaciones, garantías y promesas de recuperación, PetroPerú sigue necesitando ayuda extraordinaria para financiar su operación básica. Según cálculos del IPE, los recursos comprometidos sumarían más de S/32.000 millones. Así, la salida no es seguir cambiándole de nombre al rescate, sino blindar la gestión de la injerencia política, reordenar los activos en bloques, incorporar operación privada y aplicar austeridad real. Una empresa que ha tenido 14 presidentes de directorio en poco más de cinco años –con una permanencia promedio de apenas cuatro meses– tambalea bajo el desgobierno.