PetroPerú no irá más con la auditoría forense de la refinería de Talara, iniciativa que la empresa venía trabajando junto con la Contraloría General de la República a fin de conocer el porqué del elevado costo del proyecto (más de US$6.000 millones) y las continuas fallas que ha venido registrando desde que se puso en funcionamiento. Así lo reveló el flamante presidente de la estatal, Edmundo Lizarzaburu, durante su presentación en la Comisión de Energía y Minas del Congreso el último martes. “Si seguimos hablando de auditorías forenses lo que vamos a hacer es complicar a la empresa, porque el mercado internacional va a empezar a pensar que hay algo oculto”, dijo. En esa línea, sostuvo que la realización de dicho estudio perjudica a la empresa en momentos en que esta “tiene problemas de liquidez importantes”, pues no genera tranquilidad ni a los bonistas de la refinería ni a los participantes del ecosistema. “Quien les habla es auditor forense, y una auditoría forense parte de una premisa importante que es tener evidencia clara y tácita. Si no la hay, no se puede hacer una auditoría forense, y si la hay, por favor hágame la denuncia hoy mismo”, exclamó. A decir de Lizarzaburu, dicha denuncia no puede ser efectuada ante PetroPerú, sino ante la fiscalía y el Ministerio Público.