Por Carlos E. Paredes, economista de Intelfin y docente de la Universidad Continental. A comienzos de semana, el Gobierno publicó un decreto de urgencia para lanzarle un nuevo salvavidas a Petroperú. El objetivo es garantizar el financiamiento de US$ 2,000 millones para la petrolera estatal a fin de que esta pueda seguir operando y evitar así que entre en un proceso de insolvencia y eventual quiebra. La discusión de si este constituye un nuevo salvataje es puramente semántica. Sin los fondos, la empresa se hundía, y sin la garantía no financiera extendida por el Gobierno, ningún privado se arriesgaría a darle un centavo a Petroperú. El Gobierno optó por salvar a Petroperú de la quiebra, probablemente por razones ideológicas, pero también debido a las posibles ramificaciones financieras de un default de esta magnitud por parte de una empresa de propiedad 100% estatal. ¿Cuántos salvatajes puede requerir la empresa? Este es, por lo menos, el quinto en los últimos cuatro años. ¿A cuánto llega el apoyo estatal a Petroperú desde el 2022 en que se empezó con un préstamo de corto plazo “que se pagaría antes de fin de año”? Pues a un montón de dinero. Aún limpiando los financiamientos que luego fueron capitalizados de la suma total, concluimos que el apoyo estatal supera los 20,000 millones de soles. ¿Y qué se logró? Pues no mucho, ya que sin un nuevo salvataje la nave se hundia. A pesar de los compromisos de reestructurar y transformar la empresa que se asumieron con los sucesivos apoyos financieros, poco o nada sucedió en este campo. La empresa siguió siendo gestionada esencialmente por el mismo grupo gerencial y arrojando pérdidas millonarias sin generar la caja necesaria para sostener sus operaciones.
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