En momentos en que el presidente Alan García enfatiza que la reforma del Estado es uno de los principales objetivos de su gobierno, se han desarrollado dos episodios que han puesto precisamente a prueba la capacidad del Ejecutivo para responder a problemas relacionados con eficiencia operativa, ética y responsabilidad política.En un caso, en el sector Justicia, la ministra María Zavala ha reaccionado de inmediato para separar al jefe de su gabinete de asesores, Francisco Peixoto. Fue luego de enterarse (por una exhaustiva investigación de El Comercio) de que dicho abogado había defendido a peligrosos cabecillas del narcotráfico, lo que es totalmente incompatible con un cargo vinculado a la definición de políticas contra esta lacra criminal. La ministra en ningún momento metió las manos al fuego por Peixoto y procedió a evaluar el grave asunto hasta forzar la renuncia de dicho funcionario.En el otro caso, sin embargo, las cosas fueron distintas. Producida la denuncia periodística del programa "La Ventana Indiscreta", que daba cuenta de irregularidades en la compra por licitación de 469 patrulleros, en la que el fisco estaría pagando un sobreprecio inexplicable, la ministra del Interior, Pilar Mazzetti, adoptó una actitud, por decir lo menos, formalista e 'institucional' (en el sentido negativo, parecido al nefasto espíritu de cuerpo) para defender a su equipo técnico. Es evidente que ante la situación creada se originase la polémica sobre si la ministra debe renunciar o no.Frente a coyunturas como esta, El Comercio ha sustentado que los gabinetes deben ser lo más estables posibles. Y es que la rotación facilista de ministros conlleva necesariamente inestabilidad política propia de todo cambio, meses de afiatamiento del ingresante y, qué duda cabe, un similar índice de riesgo con el nuevo ministro. Claro está que hay situaciones de orden moral (corrupción) e ineficiencia en el cargo (evaluada como un todo y no sobre la base de una falla específica) que obligan a la drástica medida. Podría también considerarse aquellos casos en los que la situación creada le acarrea un alto pasivo político al Gobierno que lo obliga a tener que despedir al ministro. Para la opinión pública, especialmente la de oposición, la renuncia de un ministro resulta muchas veces una especie de trofeo de guerra.Sin embargo, fuera de todo apasionamiento, de lo que se trata es de ver de qué manera gana el buen gobierno: De qué modo la salida o no de un ministro repercutirá en la capacidad de las autoridades para gobernarnos mejor y brindarnos un mejor nivel de vida. En el caso de la doctora Mazzetti, las razones para su renuncia no están totalmente claras. De hecho, la ministra no habría cometido un hecho corrupto, aunque es políticamente responsable de ineptitud y tiene tarjeta amarilla. ¿Pero justifica ello cambiarla? ¿Corresponde cambiar a un ministro del Interior, responsable de la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico y el crimen?Queda en manos del presidente Alan García analizar qué nos conviene a los peruanos y qué le conviene al Gobierno. (Edición sábado).
- [El Comercio,Pág. A 4] /