Por Bruno Ghio, CEO y Fundador de Allié Family Office. Durante los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006) y de Alan García (2006-2011), el Perú creció cerca de su nivel potencial, con tasas del PBI de entre 6% y 7% anual. En esa década, el 27% de los peruanos logró salir de la línea de pobreza. El principal motor detrás de este avance fue la inversión privada, que mantuvo un crecimiento promedio de 9.5% anual, favorecida por el auge en los precios de las materias primas. ¿Qué ocurrió tras estos dos gobiernos para que el crecimiento se redujera a niveles de entre 2% y 3%, acompañado de un estancamiento de la inversión privada? La respuesta se encuentra en la mala gestión del Gobierno de Ollanta Humala, periodo en el que cambió la retórica frente a la minería, principal dinamizador de la inversión en el país. La propuesta de impuestos a las sobreganancias mineras y otras iniciativas generaron una profunda desconfianza en el sector. Si bien Humala mantuvo la estabilidad macroeconómica, no calibró adecuadamente la realidad del mercado y, al igual que ocurrió durante los gobiernos militares del pasado, adoptó una postura hostil frente a los inversionistas internacionales justo cuando los precios de los metales empezaban a descender. Esa combinación –precios a la baja y un entorno político poco amigable– resultó letal para las inversiones de largo plazo. Como efecto secundario de esa mala gestión, los conflictos socioambientales se volvieron recurrentes, destacando casos como Conga, en Cajamarca, y Tía María, en Arequipa. Estos conflictos paralizaron la ejecución de nuevos proyectos mineros esenciales para sostener la inercia del crecimiento.
- [Gestión,Pág. 24] /