El Ejecutivo lo llama una “línea de crédito privado”. Lo presenta como un mecanismo técnico, moderno, alejado del gasto público. Nada más lejos de la realidad. El decreto de urgencia publicado esta semana, que autoriza un financiamiento de hasta US$2.000 millones para Petro-Perú, no es otra cosa que un nuevo rescate estatal disfrazado con el traje de la banca internacional. La estructura jurídica es sofisticada: una sociedad de propósito especial, un fideicomiso administrado por Pro Inversión, una garantía “no financiera” del Ministerio de Energía y Minas. Pero detrás de esa arquitectura legal se esconde una verdad simple: Petro-Perú no puede pagar esa deuda. Una empresa con pérdidas estructurales, patrimonialmente deteriorada, con su refinería de Talara operando aún por debajo de su capacidad y con más de US$4.700 millones en apoyos estatales recibidos desde el 2022, no va a generar los flujos necesarios para honrar US$2.000 millones adicionales en siete años. Y si no los genera, los pagará el Tesoro Público. Es decir, todos los peruanos.