EL RESCATE CONTINÚA

Durante años, cada nuevo rescate de Petroperú fue presentado como excepcional. El problema es que las excepciones se volvieron mala costumbre. El Decreto de Urgencia 003-2026 confirma que se trata de una perjudicial tendencia de salvataje permanente de una empresa estatal cuya crisis es, desde hace tiempo, estructural. El Gobierno insiste en que los hasta US$ 2,000 millones aprobados no implican el uso de recursos públicos. Formalmente, el decreto habla de “compromisos contingentes”, fideicomisos y vehículos de propósito especial. Pero detrás del lenguaje técnico existe una realidad bastante más simple: el Estado está colocando su respaldo para que Petroperú consiga financiamiento que hoy el mercado privado ya no está dispuesto a otorgarle sin garantías extraordinarias. Y eso tiene consecuencias. El propio MEF define al fideicomiso como un mecanismo mediante el cual se transfieren fondos públicos a un patrimonio autónomo, sin que estos pierdan su naturaleza estatal. Es decir, aunque los recursos sean canalizados mediante fideicomisos o estructuras especiales administradas por Proinversión, el riesgo final continúa recayendo sobre el Estado peruano. O, dicho de otra manera, sobre los contribuyentes. Más aún, el decreto establece que el Minem asumirá compromisos con cargo a su propio presupuesto hasta por el citado monto, más los respectivos costos financieros. Es decir, para sostener a Petroperú, inevitablemente deberán postergarse o reducirse otras prioridades. El DU protege explícitamente los fondos de electrificación rural, pero no ocurre lo mismo con otros proyectos de inversión a cargo del Minem.