Para David Tuesta, extitular de Economía y Finanzas, la entrega a Petroperú de otros 2,000 millones de dólares, esta vez mediante un crédito internacional, acarrea un riesgo que recae sobre todos los peruanos, vía Tesoro Público. Lo más grave, agregó, es que el propio decreto de urgencia reconoce que Petroperú tiene pérdidas estructurales, deterioro patrimonial, problemas severos de liquidez y restricciones para conseguir financiamiento privado. “Es decir, el Estado está asumiendo grandes riesgos sobre una empresa cuya solvencia ya está seriamente cuestionada”, precisó. Resaltó que el argumento de “seguridad energética” utilizado por el Gobierno es la excusa perfecta para profundizar el vínculo entre Petroperú y el soberano (Ejecutivo). “Esto puede terminar costándole mucho más caro al país en riesgo fiscal, costo de financiamiento y credibilidad macroeconómica”, enfatizó.