En Pataz, una patrulla del Ejército retuvo violentamente a un equipo policial que investigaba redes vinculadas a la minería ilegal. Ello ocurre mientras la fiscalía investiga presuntos nexos militares en el asesinato de un actor ligado a ese circuito criminal. Lo anterior es una escena tan grave como reveladora de la profunda crisis peruana, ahora con fuerzas estatales enfrentadas en medio de disputas alrededor del oro ilegal. Lo que allí ocurrió expone el deterioro de la autoridad pública en territorios donde las economías criminales han ganado capacidad para corromper e incluso desafiar al propio Estado. Durante años se sostuvo que el crecimiento económico bastaba para garantizar estabilidad y desarrollo. Es lo que muchos insisten a rajatabla como si de un mandamiento se tratase. El país, en efecto, avanzó en reducción de pobreza, mejorando sus niveles de inversión y, por ende, de consumo. No obstante, lo que no se veía era que, mientras las cifras macroeconómicas mejoraban, el Estado se debilitaba paulatinamente. Ese vacío fue ocupado por economías ilegales capaces de mover millones, capturar autoridades y corromper instituciones enteras. Prueba de ello es la forma de gobernar del pacto corrupto parlamentario. Pataz es el síntoma más crudo de un deterioro incubado durante años bajo la tolerancia política y la complacencia económica. (Edición domingo).