La democracia se defiende con firmeza, pero también con responsabilidad. Una cosa es denunciar las graves irregularidades de la ONPE y la negligencia del JNE en la primera vuelta, y exigir transparencia y garantías para un balotaje limpio, y otra muy distinta es poner en cuestión la legitimidad del voto de miles de peruanos con acusaciones irresponsables y teorías construidas sobre medias verdades. Líderes políticos como Rafael López Aliaga deben ser conscientes de la enorme responsabilidad que tienen sobre sus hombros y de la necesidad de unir al electorado de centro y derecha frente a la amenaza de una izquierda radical, retrógrada y profundamente nociva para el país.Su indignación por lo sucedido el 12 de abril estuvo justificada y es compartida por muchos peruanos. Es legítimo exigir explicaciones claras, auditorías transparentes y respuestas firmes de las autoridades electorales frente a las irregularidades detectadas en la primera vuelta. Sin embargo, el discurso reciente de López Aliaga, cargado de ultimátums y agravios, puede sonar eficaz en una tribuna política, pero tiene consecuencias profundas en un país marcado por la desconfianza y la fractura social. Porque lo que muchos ciudadanos escuchan no es una discusión técnica sobre actas o mesas electorales. Lo que escuchan es algo mucho más emocional y peligroso: que las "élites" no aceptan su voto cuando el resultado no les gusta.