Por si el avance de la minería informal e ilegal no fueran suficiente freno a la minería formal, esta enfrenta cada vez nuevas barreras para su desarrollo que surgen desde el propio Estado, ya no solo desde el lado del Congreso de la República, sino esta vez del Poder Judicial.Un juzgado de Puno acogió una demanda de amparo que ordena al Ministerio de Energía y Minas (Minem), y al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú (Ingemmet) anular siete concesiones mineras que otorgaron en el distrito de Kelluyo, en la provincia de Chucuito, en Puno.El fallo fue emitido por el Segundo Juzgado Mixto de la Provincia de Chucuito, con sede en Desaguadero, que dispone la anulación de las concesiones de la empresa Nueva Energía Metales (antes denominada Consolidated Copper Corporation).Las siete concesiones anuladas -que fueron peticiones de la empresa en el 2022- comprenden un área en conjunto de más de 6,400 hectáreas, donde la citada compañía desarrollaba un proyecto para exploración y explotación de minería metálica.En la referida provincia se ubican en general franjas metalogenéticas con depósitos polimetálicos que favorecen la presencia de oro, plata, plomo y zinc.
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