Además del perjuicio con el avance raudo de la ilegalidad en los últimos años, pareciera que desde el Congreso de la República se apunta a contribuir con volver severamente adversas, cada vez más, las condiciones para la inversión minera formal.En marzo, la Comisión de Energía y Minas del Parlamento aprobó un dictamen -pendiente de debatirse en el Pleno- que efectúa modificaciones sobre la Ley General de Minería, que en la práctica van en sentido contrario a promover el atractivo del país como destino de inversión.Los ajustes principales apuntados en un primer momento, que ocasionaron preocupación extrema en el sector, fueron la reducción del plazo de las concesiones sin actividad, elevar los pagos por derechos de su vigencia y la incorporación de mayores beneficios para las comunidades en zona de influencia.Sin embargo, el texto aprobado tiene otros aspectos que también son sumamente peligrosos.Gestión identificó que uno de estos es que se "borra" el concepto de que son "irrevocables" las concesiones mineras que el Estado otorga a los titulares. Los expertos consultados coinciden en que, dentro de todos los cambios que propone este dictamen, este es el más perjudicial.Para Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), esta modificación significa un fuerte perjuicio para la seguridad jurídica del Perú, pues al retirar la condición de irrevocable se está atacando una condición básica para la inversión minera formal, que contemplan miles de millones de dólares."El sector minero lo primero que les pide a los países es tranquilidad y certidumbre de que podrán invertirse millones de dólares sabiendo que se tendrá una explotación del mineral. Mucho antes de esto, en el camino, se invierte mucho en investigación, prospección, perforación, infraestructura y más.Con esto, estaría la opción de que al cabo de unos años el Gobierno le quite al inversor el acceso al recurso", subrayó.