Es una buena noticia que sectores empresariales y los sindicatos acuerden regresar a la mesa de diálogo para discutir los asuntos polémicos del anteproyecto de la ley general del trabajo. Y es que, después de tantas marchas y contramarchas, deben reconocer que el consenso es indispensable para que el país no pierda atractivo en materia de negocios producto del aumento de la rigidez laboral. A menor rigidez, más empleo y productividad. Por eso, lo sensato, como exige la CGTP, es una norma que beneficie a ambas partes y que promueva --y no restrinja-- trabajo, como demanda la Confiep. Lo que no puede permitirse es una ley politizada, usada como caballito de batalla por la Comisión de Trabajo del Congreso, que al parecer está empeñada en sacar adelante una disposición desarticulada, cuestionada incluso por trabajadores y empresarios, en lugar de buscar salidas técnicas y consensuadas.El grupo que preside Aldo Estrada parece olvidar que el Estado debe proteger los derechos laborales (de unos dos millones de peruanos), pero también fomentar empleo digno y de calidad para los desempleados o subempleados (más de ocho millones).