Por Fernando Cáceres, director ejecutivo de Síntesis Instituto.El 1 de marzo del 2026, una fuga de líquidos de gas natural en el kilómetro 43 del sistema de Camisea, en Megantoni, Cusco, desencadenó la peor crisis energética del país en dos décadas. Durante 13 días, el Perú operó sin su principal fuente de gas, las termoeléctricas quemaron diésel, industrias pararon, conductores de GNV hicieron cola durante horas, el Gobierno declaró estado de emergencia, empresas operaron desde casa, escuelas migraron a clases remotas. El costo de operación del sistema eléctrico subió casi cinco veces: de US$22,8 millones en los 14 días previos a la emergencia, a US$134,8 millones durante la crisis. El 2 de marzo, con el sistema al límite, hubo cortes programados para evitar un apagón general.La causa exacta del evento aún se investiga. Las muestras metalográficas están bajo custodia de la fiscalía y serán analizadas en el exterior. TGP notificó la interrupción a inicios de marzo, pero no presentó el reporte técnico que el reglamento le exigía en los 15 días siguientes. Osinergmin le denegó la prórroga solicitada. La calificación de fuerza mayor, que determinaría en parte quién responde por los daños a los privados y si se abre un procedimiento sancionador, sigue pendiente. Pero este no es solo un caso de posible falla técnica con consecuencias entre privados. Es un incumplimiento del contrato de concesión suscrito con el Estado, con consecuencias que van más allá de una multa regulatoria. Hace pocos días, Osinergmin determinó el incumplimiento del contrato de concesión y remitió los informes de fiscalización al Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de concedente, para que adopte las acciones que correspondan.