Esta semana, el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) publicó en sus redes sociales una foto con el exfiscal José Domingo Pérez en la que le da la bienvenida a su proyecto político. Días atrás, Sánchez había declarado que aspiraba a que el exintegrante del Ministerio Público encabece “la reforma integral del sistema de justicia en el Perú” en un eventual gobierno suyo, e incluso no descartó la posibilidad de que integre su Consejo de Ministros en caso de que llegue al poder. Para algunos, la cercanía de Pérez a Juntos por el Perú podría resultar sorpresiva. Para un observador atento de la realidad, sin embargo, parece bastante lógico que quien semanas atrás asumió la defensa legal de Pedro Castillo ahora se incorpore a la campaña del candidato que busca apropiarse del legado –sombrero incluido– del expresidente con la finalidad de ganar votos. Más aún si consideramos que la fama de José Domingo Pérez fue construida sobre la base del proceso que dirigió contra Keiko Fujimori, contra quien podría enfrentarse Sánchez en segunda vuelta. No podemos decir que Pérez ha decidido destruir su prestigio como fiscal, porque ya lo había hecho al presentarse como abogado de Castillo a inicios de abril. En aquella ocasión, llamó a quien hoy se encuentra preso por encabezar un golpe de Estado –que buscaba intervenir el Ministerio Público del que el propio Pérez formaba parte en ese momento–como “presidente secuestrado” y “preso político”. Aun así, su sinceramiento político sí es problemático porque termina por enlodar el trabajo que tuvo en la Fiscalía de la Nación como parte del equipo Lava Jato, y empaña la imagen de varios de los procesos penales más importantes que tuvo el Perú en los últimos años.(Edición sábado).