Cuando los políticos hacen promesas de campaña, siempre queda algún grado de incertidumbre sobre si estas serán ejecutables en la práctica o si, de plano, son buenas ideas. En la mayoría de los casos, no queda más que esperar a ver los resultados si se aplican. Pero hay algunas excepciones. Con respecto a la insistencia de la izquierda política sobre la necesidad "estratégica" de mantener las empresas públicas y fortalecer el rol del Estado empresario, no hace falta especular demasiado. La inoperancia de las EPS a escala nacional, empresas públicas responsables del agua y alcantarillado en zonas urbanas, y de Essalud, solo por citar algunos ejemplos, es escandalosa. Sin embargo, las dimensiones del colapso financiero de Petro-Perú son de otro nivel. Entre una figura económica y otra, el Instituto Peruano de Economía estimó que, desde el 2013, el Estado ha destinado más de S/20.000 millones para mantener las operaciones de la petrolera. Pero el hoyo negro de las finanzas de Petro-Perú no conoce límites. Hace unos días, el presidente de la entidad, Roger Arévalo, indicó que han paralizado ya su refinería en Iquitos, y que pronto podrían detenerse las operaciones en las refinerías de Talara y Conchán debido a que la empresa ya no tiene recursos para pagar a sus proveedores. Piden otros US$2.000 millones para no quedarse sin combustible y habló de "crisis energética", en lo que sonó como una velada amenaza al resto del país. De colapso financiero se pasaría a colapso operativo total. (Edición domingo).