Por María Antonieta Merino, docente en las universidades del Pacífico y de Lima.Esta semana el presidente de Petroperú dio una noticia que nadie querría escuchar: "La refinería de Iquitos está parada por falta de combustible, la de Talara está por parar y la de Conchán también. Si no tomamos medidas de emergencia, el Perú se queda sin combustible". Pide US$ 2,000 millones de urgencia. El momento crítico, advierte, llega en los primeros días de mayo. No es un episodio nuevo: en marzo, la rotura del único gasoducto de Camisea dejó sin gas al 83% de Lima por casi tres semanas.El patrón de fondo es conocido. El IPE lo documentó en marzo: entre el 2021 y el 2025 apenas se realizaron tres perforaciones exploratorias de hidrocarburos, frente a 47 en el quinquenio 2011-2015. Las reservas probadas de gas natural cayeron de 16 trillones de pies cúbicos a cerca de 7 trillones de pies cúbicos en menos de una década. El Gasoducto Sur lleva años con sus tubos oxidándose a un costo de US$ 45 millones anuales en mantenimiento que asume el Estado sin generar beneficios. Y la política energética nacional vigente, aprobada en el 2010, tiene quince años sin actualizarse. El Minem trabaja desde el 2024 en una nueva política al 2050 y, a estas alturas, su aprobación -y su implementación- es más imperiosa que nunca.La energía mueve el mundo y el Perú se está quedando inmóvil. No solo está en riesgo el desarrollo regular del resto de actividades económicas, sino que está impidiendo que el Perú se inserte en la cuarta revolución industrial: la transformación digital. La inteligencia artificial ha convertido la energía en el activo estratégico del siglo.
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