Tras una tensa espera, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó la resolución en la que declaró inviable la celebración de elecciones complementarias. Como se sabe, la medida fue evaluada por esa institución por la demanda de distintos sectores de la población, algunos candidatos presidenciales incluidos, que la veían como una solución al daño que le hicieron a los comicios del pasado 12 de abril las demoras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la instalación de mesas en Lima Metropolitana. El argumento central de esos pedidos era que tal demora había ocasionado que muchos ciudadanos que originalmente acudieron a los centros de votación con la voluntad de cumplir su deber se retirasen sin haberlo podido hacer, cansados de la espera y la incomodidad de estar por horas en cola y bajo el sol. De hecho, el propio JNE dio señas de estar de acuerdo con la identificación de esa irregularidad, pues instruyó a su procurador para que denunciase penalmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros funcionarios por la presunta "afectación directa del derecho del sufragio", entre otros delitos electorales. En ese sentido, un informe de su área de fiscalización precisó que 256 locales de votación recibieron el material electoral con retraso. Hablamos de locales en los que debían instalarse 3.605 mesas de sufragio, correspondientes a un total de 1"071.111 electores, lo que da una idea de la envergadura del problema.