Por Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza.Un momento especialmente crítico para la economía es el final del mandato del Legislativo. En un contexto en el que la mayoría de partidos políticos perdieron su inscripción al no superar la valla electoral, los congresistas no enfrentan consecuencias por las medidas que aprueben, pero sí tienen incentivos para beneficiar a sus bases de cara a las elecciones locales y regionales de octubre, en las que aún participarán con inscripción vigente.Hasta el fin de la legislatura, el Congreso saliente seguirá sesionando y aprobando leyes, mientras la atención del país está puesta en el proceso electoral en curso y en la transferencia al nuevo gobierno. Hasta el 18 de abril, según el portal del Congreso, había 6.038 proyectos de ley en comisión, 1.980 con dictamen y 332 en la agenda del pleno. El 57% de los dictámenes pendientes estaban siendo impulsados por cinco agrupaciones políticas sin inscripción futura, a saber, Perú Libre (23,1%), Acción Popular (9,2%), Bloque Magisterial (8,7%), Podemos Perú (8,5%) y Alianza para el Progreso (7,3%).En el plano económico, hay tres ámbitos donde el riesgo es particularmente crítico.Según los informes desfavorables emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el portal del Congreso, existen 153 proyectos de ley con impacto fiscal negativo en distintas etapas de tramitación. Su costo fiscal potencial supera los S/280.000 millones, equivalentes al 22,4% del PBI. Entre las iniciativas más costosas destacan dos presentadas por Acción Popular: una que extinguiría multas e intereses de deudores de Reactiva Perú por S/87.000 millones, y otra de incentivo para el pronto pago que otorgaría descuentos de hasta el 100% de intereses moratorios por S/82.000 millones adicionales. (Edición sábado).