Mientras la atención de la ciudadanía se concentra en el desenlace de la accidentada primera vuelta y en la crisis política abierta por el propio presidente José Balcázar por la compra de los aviones F-16 a Estados Unidos, en Petro-Perú los intereses de siempre han empezado a moverse para bloquear los esfuerzos que buscan reformar la compañía. Pero recordemos brevemente la situación de la estatal. Antes de que acabe el 2025, el entonces gobierno de José Jerí emitió un decreto de urgencia que planteaba una serie de medidas para evitar que Petro-Perú siguiera dilapidando los recursos de los contribuyentes, entre las que se encontraba la reorganización patrimonial de la firma (encargada a Pro Inversión). En paralelo, la entonces ministra de Economía, Denisse Miralles, había descartado nuevos rescates, un anuncio que muchos saludamos, pues no olvidemos que, según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE), desde el 2013 el Estado Peruano le ha prestado apoyo a la petrolera por más de S/24 mil millones. Un dinero que bien pudo haberse destinado a cerrar brechas en salud o educación, por mencionar dos ejemplos.