La tardía renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) era, a estas alturas, inevitable. El 12 de abril, más de 52.000 ciudadanos de Lima no pudieron ejercer su derecho al voto porque el material electoral nunca llegó a 187 mesas de sufragio en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. La institución mintió al afirmar que todo el material había sido distribuido correctamente. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) interpuso contra Corvetto una denuncia penal por esos hechos, algo sin precedentes en la historia electoral peruana. Con ese antecedente encima, su permanencia al frente de la segunda vuelta era sencillamente insostenible.Pero si la salida de Corvetto era condición necesaria, no es suficiente. El riesgo real que enfrenta el país hoy es que este momento se convierta en un simple cambio de figuritas: un nuevo nombre en el organigrama, los mismos funcionarios en las mismas gerencias, la misma lógica institucional que produjo el caos del 12 de abril. La sociedad civil, los gremios y la ciudadanía no están pidiendo una rotación de cuadros; están exigiendo un giro real en la manera en que la ONPE gestiona los procesos electorales.
- [El Comercio,Pág. 2] /