Por Raúl Benavides Ganoza, director de Compañía de Minas Buenaventura.Hace unos días fui invitado por un grupo de profesionales vinculados a la minería para conversar sobre la ley MAPE. Me explicaron que trabajaban para una empresa que opera una planta de tratamiento de minerales de terceros en el sur. Insistí en que cualquier discusión sobre el Reinfo y la ley MAPE debe partir de un principio básico: garantizar condiciones laborales adecuadas y prácticas que no atenten contra el medio ambiente.Posteriormente, sostuve una conversación virtual con el promotor de la planta. Me aseguró que enviaban geólogos a todas las operaciones que los abastecen de mineral, lo que, en teoría, apuntaría a un cierto nivel de control. Sin embargo, cuando le pregunté si los trabajadores mineros estaban en planilla y contaban con condiciones formales, la respuesta fue evasiva.Distintas fuentes del sector me señalaron que esta operación era una de las más grandes y con mejores estándares dentro de su categoría. Con esa referencia, y aprovechando un viaje al sur, decidí visitarla personalmente. La planta tiene una capacidad de 150 toneladas métricas diarias y se ubica en una extensa área desértica, colindante con un pequeño poblado. A primera vista, la magnitud de su infraestructura llama la atención: más molinos de los necesarios y depósitos de relaves que superan lo que uno esperaría para una operación de esa escala.Uno de los temas más preocupantes es la gestión de los relaves. Ante la consulta sobre el cierre de estos depósitos, la respuesta fue que se evaluaba utilizarlos para fabricar ladrillos, aunque sin un proyecto concreto en marcha. Esta falta de planificación resulta particularmente grave si se considera el impacto ambiental que estos relaves pueden generar.(Edición domingo).