Al Perú no le han faltado procesos electorales tumultuosos en las últimas décadas. Aun así, la confianza ciudadana en los dos principales organismos electorales -la ONPE y el JNE- solía ser relativamente alta en comparación con otras instituciones públicas. El deterioro y corrupción del aparato estatal -parecía- no había llegado hasta ahí. Pero esto era una ilusión. El bochornoso espectáculo que protagonizó la ONPE el pasado 12 de abril será una marca permanente en su reputación institucional. El descalabro por la ausencia de material electoral en los locales de votación de la capital el día de la elección, así como por otras muchísimas fallas operativas en esa fecha y en los días subsiguientes no tienen justificación. La situación de descontrol llegó a tal punto que el JNE denunció penalmente a Piero Corvetto, cabeza de la ONPE, atribuyéndole tres presuntos delitos: atentado contra el derecho de sufragio; omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral. Será difícil, por decir lo menos, defender la pulcritud de un proceso en el que la autoridad máxima en la materia interpone una denuncia penal, en esos términos, en contra de quien organiza los comicios. (Edición domingo).