Por Jaime Dupuy, director ejecutivo de ComexPerú.El Perú es, sin lugar a duda, un país minero. La riqueza de su subsuelo ha sido, históricamente, uno de los principales motores de crecimiento económico, generación de divisas y reducción de la pobreza, especialmente en departamentos alejados de los principales centros urbanos. Sin embargo, persiste una paradoja difícil de ignorar: las zonas donde se desarrolla la actividad minera no siempre reflejan mejoras sustantivas en la calidad de vida de su población.El problema no radica en la falta de recursos. La minería aporta miles de millones de soles al año en canon, regalías e impuestos. El verdadero desafío está en la capacidad del Estado para transformar estos recursos en bienes y servicios públicos efectivos.En este contexto, resulta clave incorporar herramientas que permitan medir adecuadamente el impacto de la actividad minera en la población. El Índice de Progreso Social (IPS) ofrece una aproximación valiosa, al evaluar dimensiones como salud, educación, acceso a servicios básicos y oportunidades.Diversos estudios muestran que, si bien los departamentos mineros suelen registrar mayores niveles de ingresos fiscales, ello no siempre se traduce en mejoras proporcionales en estos indicadores.Esta brecha evidencia que el problema no es económico, sino de gestión pública.