A pesar de asegurar que es inocente y que reportó todas las fallas a sus superiores, José Samamé decidió poner sus comunicaciones bajo llave. Tras obtener su libertad, el exgerente electoral de la ONPE dejó una pieza clave sin resolver. No autorizó a la fiscalía para que visualice y lea el contenido de su celular.Esta negativa bloquea, por ahora, el rastreo de los chats de WhatsApp donde se habrían gestionado las órdenes que detonaron la crisis y la renuncia informal del funcionario que percibía S/14.000 mensuales.Este blindaje informativo ha forzado a la Dircocor a escalar la investigación de inmediato. La Policía Anticorrupción ha citado a Piero Corvetto, jefe de la ONPE, para mañana a las 3 p.m. en calidad de testigo, buscando las respuestas que Samamé prefirió no abrir en su equipo móvil.