El cúmulo de voces que piden la salida del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, sigue creciendo. Ya no son solo partidos políticos o candidatos que participaron en la primera vuelta, sino también voces de la sociedad civil, como la Unión de Gremios. En un comunicado emitido ayer, esta solicitó a la Junta Nacional de Justicia que destituya al titular del organismo electoral, quien todavía se aferra al cargo, y que el nuevo jefe de la ONPE remueva a todos los funcionarios implicados en la cadena de irregularidades que han generado esta crisis que amenaza con demoler el prestigio de la institución. Las abundantes irregularidades ocurridas antes, durante y después de la jornada electoral justifican estos pedidos y empañan un proceso sobre el que no debería haber un ápice de duda. Desde la indefendible elección de la empresa Galaga para el transporte del material electoral hasta la falta de tinta para las impresoras en los centros de votación, pasando por las fallas del sistema STAE y la falsa afirmación de algunos días antes, en el sentido de que ya todo el material electoral había sido despachado oportunamente a los locales, todo conspiró contra la legitimidad de los comicios en varios distritos del sur de Lima.Pero Corvetto ha demostrado que no tiene vocación de renuncia. Lo demostró el domingo y lo reiteró el martes cuando se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.