Las elecciones del 12 de abril quedaron empañadas por una cadena de irregularidades que la ONPE no puede esconder detrás de las cifras. Más de 55.000 ciudadanos en Lima no pudieron sufragar porque el material electoral nunca llegó a 187 mesas de sufragio en 13 locales de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. Esto sin contar los miles de votantes que acudieron temprano a su centro de votación y no pudieron sufragar porque sus mesas no estaban abiertas y, posteriormente, no regresaron a votar. Y sin dejar de mencionar que la ONPE mintió al indicar que todo el material ya había sido repartido a los locales de votación.En paralelo, el sistema tecnológico STAE -presentado como garantía de celeridad y seguridad- colapsó en el Callao y Ancón, obligando a los miembros de mesa a usar cuadernos informales. No fueron errores fortuitos: fueron el resultado de una gestión deficiente que recae sobre quien conduce la institución.Tal como señalamos hace algunos días, la ONPE tiene una misión concreta: organizar y ejecutar procesos electorales. En esa -su única tarea- falló de manera inadmisible en los comicios más importantes de cada lustro. Las irregularidades descritas no son un problema de mandos medios: la denuncia penal interpuesta por la Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) apunta directamente a Piero Corvetto, jefe de la institución, por conducta omisiva sistemática. Según el documento, Corvetto sabía de la crisis logística y tecnológica antes de que se iniciara la jornada y, sin embargo, no informó oportunamente al JNE, dejando a la ciudadanía en un estado de desinformación total durante horas.