Un reporte de la Contraloría General de la República encontró que hasta un mes antes de las elecciones se sabía de las irregularidades que presentaba la empresa contratada por la ONPE para la distribución del material. De acuerdo con el reporte, el postor ganador, Servicios Generales Galaga S.A.C., no acreditó que su personal cumplía con los requisitos técnicos de experiencia mínima para el servicio que realizarían. La empresa, además, tiene como rubro principal la consultoría en obras de saneamiento, electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones, represas, irrigaciones, edificaciones y obras viales. Es decir, no tenía experiencia en transporte.Perú21 reveló también que recién a inicios de abril los responsables de esta empresa comenzaron a buscar camiones y apenas dos días antes de la elección contrataron choferes. Así, todo estaba listo para el desmadre el mismo día de la jornada. Y fue exactamente lo que sucedió: casi 200 mesas quedaron sin instalarse porque el material electoral nunca llegó o llegó después del cierre. Hubo, evidentemente, una responsabilidad muy seria de parte de las autoridades de la ONPE por no supervisar al milímetro la logística de un evento tan importante como es el de las elecciones presidenciales.Pero no solo hubo fallas sobre la entrega del material electoral. Hubo problemas también con el material mismo. Es decir, con las cédulas. Perú21 advirtió incluso antes del cierre de las mesas, que un hecho gravísimo se había presentado. Tras el levantamiento de un acta electoral en el colegio Alfonso Ugarte, periodistas de esta casa pudieron verificar que las cédulas en código braille tenían el apellido del candidato Belmont y no el nombre del partido Obras.
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