La contratación de Servicios Generales Galaga como proveedor de la ONPE para estas elecciones ha marcado la agenda por la ineficacia de esta empresa para distribuir el material electoral.Sus fallos en la distribución del material electoral dejaron a más de 52 mil electores en Lima sin la posibilidad de votar en el día original de los comicios: el último domingo. Este incumplimiento dejó interrogantes sobre cómo se gestó esta contratación.Galaga, por su lado, ha negado culpa alguna por los fallos registrados el 12 de abril y le ha exigido a la ONPE demostrar su responsabilidad.Si bien ya son públicos algunos detalles al respecto, Gestión hace notar lo siguiente: la ONPE tuvo una facilidad legal para escoger a los mejores proveedores posibles. A pesar de ello, escogió mal a la luz de los hechos.Vía la Ley de Presupuesto Público 2026, aprobada el pasado 4 de diciembre, se le abrió el camino a la ONPE y el resto de entidades electorales para utilizar un "mecanismo de excepcionalidad" para contratar bienes y servicios que, literalmente, plantea que se les exceptúe del alcance de la Ley General de Contrataciones Públicas (LGCP).
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