La minería ilegal en el país no solo debe su fuerte expansión al incentivo por los precios récord de los metales, como el oro y cobre, y la inacción del Gobierno, sino también a un esquema que se muestra presto, en muchos casos, para el procesamiento de minerales sin mayores interrogantes sobre su procedencia.Así la situación, sobre las plantas procesadoras o de beneficio recae un gran protagonismo, en el marco de la lucha contra este flagelo, que, ya lo han advertido distintos expertos, financia el sicariato, extorsiones y más.Miguel Incháustegui, extitular del Ministerio de Energía y Minas, recordó a Gestión que las plantas se encargan de procesar los minerales para así elevar su valor comercial.En los últimos años, estas aumentaron, principalmente en la costa, a fin de atender los minerales que extraen los mineros de pequeña escala, artesanales, entre otros. El problema está en que, entre la informalidad, se camufla la ilegalidad.En una nueva revisión de los planes de Gobierno, Gestión analizó qué proponen los más de 30 candidatos presidenciales sobre estos espacios claves para la minería, más aún por su rol en la lucha contra la ilegalidad (o su expansión descontrolada).De los 35 planes de gobierno en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), destaca que 19 no cuentan con referencia alguna a las plantas de procesamiento ni realizan apuntes relacionados alrededor de esta fase de la producción minera.
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