Por Karim Batallanos, gerente general de Compañía Minera Antapaccay.La minería continúa siendo uno de los pilares más sólidos de la economía peruana. En ese contexto, el desafío que enfrenta el país no es discutir su existencia, sino cómo aprovechar mejor su potencial para impulsar desarrollo sostenible en las regiones. El Perú posee algunos de los depósitos minerales más importantes del mundo: el cobre, el zinc, el oro y la plata que producimos son insumos clave para la transición energética y la industria global. Cuando el sector crece, el país también lo hace: cerca del 60% de las exportaciones peruanas provienen de la minería.Las cifras recientes reflejan ese dinamismo. Sólo entre enero y noviembre del último año, la inversión minera superó los US$ 5.1 mil millones, con proyecciones cercanas a US$ 70 mil millones adicionales en los próximos años. Estos recursos no son únicamente indicadores económicos: pueden traducirse en hospitales, escuelas, carreteras y oportunidades para miles de familias. El reto no es únicamente recibir el canon (no es un regalo, es una responsabilidad), sino gestionarlo con transparencia, planificación y visión de largo plazo por nuestras autoridades regionales y locales. El Estado, por su parte, tiene la responsabilidad de garantizar reglas claras, procesos predecibles y tiempos razonables para la inversión. Agilizar procedimientos no implica reducir estándares ambientales o sociales, sino fortalecer la institucionalidad y brindar seguridad jurídica a todos los actores.Por supuesto, es legítimo que existan preocupaciones. La historia de la minería en el Perú incluye episodios de incumplimientos y errores que no deben repetirse. Reconocer ese pasado es parte fundamental de construir confianza. Sin embargo, también es importante dimensionar el costo del conflicto prolongado. Cuando una operación se paraliza, no sólo se afectan los ingresos de la empresa: se reducen los recursos para las regiones, se suspenden contratos con proveedores locales y se pone en riesgo el empleo.