Por Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto.El debilitamiento progresivo de la burocracia económica ante el avance del populismo y su subordinación al poder político son uno de los principales legados del último quinquenio. Diagnósticos recientes del Consejo Fiscal, del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) coinciden en que el problema no es solo técnico, sino también institucional y político. El manejo económico ha perdido anclas técnicas. Y aunque entidades constitucionalmente autónomas como el Banco Central de Reserva o la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP han logrado preservar su credibilidad y autonomía, el resto del aparato económico del Estado muestra señales alarmantes de deterioro.El Consejo Fiscal ha documentado que, entre el 2021 y el 2026, el Congreso aprobó 229 leyes con impacto fiscal adverso, lo que equivale a tres veces el promedio histórico. También ha advertido que, en lo que va del año, las leyes aprobadas han tenido un costo anual de al menos S/ 11,400 millones, con estimaciones que pueden alcanzar los S/ 15,000 millones si se incorporan medidas adicionales recientes. Estas decisiones generan obligaciones permanentes que deterioran la trayectoria del gasto público y comprometen el cumplimiento de las reglas fiscales.Pero este fenómeno no ocurre en el vacío. La consulta más reciente del FMI sobre la situación fiscal del Perú realizada el año pasado, fue explícita al precisar que, con las políticas actuales, el déficit fiscal se mantendría por encima de las metas a mediano plazo y sería necesario un ajuste cercano al 0.9% del PBI para reconducir la trayectoria fiscal.
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