El exfiscal José Domingo Pérez anunció ayer que asumirá la defensa legal de Pedro Castillo, condenado a prisión por conspiración para la rebelión tras su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. No conforme con ello, lo ha llamado "presidente secuestrado" y "preso político". Con estas palabras, Pérez ha confirmado lo que desde muchas tribunas se advirtió durante años: que detrás de la toga fiscal había un activista político.Conviene recordar qué defendía Pérez cuando era fiscal. Sostenía, con vehemencia, que sus investigaciones contra Keiko Fujimori, dirigentes de Fuerza Popular y empresarios en el marco del Caso Lava Jato eran estrictamente técnicas, libres de sesgo ideológico. Quienes cuestionaban sus acusaciones eran tildados de obstruccionistas. Ahora, al abrazar la causa de un presidente que intentó disolver el Congreso e instaurar un gobierno defacto -y al ponerse del lado de un golpista convicto-,Pérez se pinta de cuerpo entero.Ya no hay ambigüedad posible.La gravedad de esta decisión trasciende lo personal. Cada investigación que Pérez condujo como integrante del equipo especial Lava Jato queda ahora contaminada por una sombra de parcialidad. Si el fiscal que persiguió al fujimorismo con singular ferocidad resulta ser un simpatizante del castillismo que considera "secuestrado" a un golpista sentenciado, ¿cómo no cuestionar la objetividad con la que llevó esas causas? No se trata de absolver a los investigados ni de negar posibles delitos, sino de reconocer que la credibilidad del persecutor importa tanto como la del acusado. Pérez ha dinamitado la suya.