Las concesiones mineras se han vuelto un punto de alto interés en el país en un contexto de precios récords del oro y el cobre, nuestro principal producto de exportación; además del avance significativo de la minería ilegal, que invaden estos espacios, ante el mínimo esfuerzo gubernamental por frenarlo.Esto también calza con intentos desde el Congreso de la República de efectuar modificaciones normativas sobre la Ley General de Minería, puntualmente sobre el ámbito de las concesiones mineras y sus condiciones para atraer inversiones. La Comisión de Energía y Minas del Parlamento aprobó, hace pocos días, un dictamen para reducir los plazos de su caducidad y elevar los costos a su alrededor.De los 35 planes revisados, este diario identificó que alrededor de la mitad (17) cuenta con iniciativas sobre las concesiones mineras, aunque las dimensiones de su impacto son diferentes.Lo preocupante que evidencia este análisis es que otros ocho candidatos que tientan Palacio de Gobierno plantean propuestas de cambios sobre el régimen de concesiones mineras que afectarían severamente al atractivo del Perú como destino de inversión minera formal. Y con este desincentivo, se concretan facilidades para un mayor avance y fortalecimiento de la minería ilegal.Entre las iniciativas identificadas está que Roberto Sánchez, que postula por Juntos por el Perú, propone la reducción del tiempo de caducidad delasconcesiones,de30añosa 4 o 5 años para la pequeña minería y minería artesanal.Por su parte, Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos) apunta a una reforma de mecanismos de otorgamiento de concesiones para "controlar el destino de la producción, asegurar una participación de las comunidades dueñas de la superficie en explotación en el accionariado de las empresas; y revocar, caducar o expropiar concesiones `ociosas"". El punto del accionariado se condice con el dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso.Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), indicó que las propuestas de este último grupo tienen un impacto negativo en el sector y que no se encuentra sentido para la reducción de los plazos de las concesiones."Con esta reducción [de plazo] se generará que solo accedan a los recursos minerales, justamente,quienesnosaquen permisos porque el tiempo que demanda todos los procesos que hacen los formales -obtener el permiso, comprar la tierra superficial, acuerdos con comunidades- es mucho mayor a los que se proponen. En cambio, los ilegales e informales solo invaden concesiones, terrenos, no pagan derecho y explotan la tierra", comentó.Complementó: "Las reglas que se quieren crear son para que nadie pueda desarrollar un proyecto formal y, por tanto, los informales e ilegales tomen los minerales".
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