El electorado exige a los candidatos al Congreso y a la presidencia de la República mano dura contra la minería ilegal, que ha dejado de ser un problema sectorial para transformarse en una amenaza económica, social, política y ambiental. El tema tiene potencial de convertirse en ‘issue’ electoral con capacidad de influir en las decisiones de voto. Según el estudio sobre "Percepción hacia la minería ilegal", elaborado por Ipsos para el colectivo País Seguro (PAS), el 73% de la opinión pública nacional considera "muy importante" que el candidato o candidata por quien vote en las próximas elecciones presidenciales tenga una postura firme contra esta economía criminal.Esta demanda de la población no es gratuita: el 43% considera que es la actividad ilícita que más dinero mueve en Perú, por encima del narcotráfico, percepción que ha aumentado respecto a la medición anterior, consolidando a la minería ilegal como una amenaza multidimensional.Existe un amplio consenso en la opinión pública en que este fenómeno afecta a la economía, la sociedad, la política y el medioambiente: el 86% está de acuerdo en que se trata de un delito; el 83% considera que es perjudicial para el país, y el 80% señala que ha influido en autoridades del Congreso y de los gobiernos regionales. Asimismo, el 78% considera que la minería ilegal financia redes de crimen organizado y el 72% está de acuerdo en que representa una amenaza para sus familias y para sí mismos.Lo más grave es que la opinión pública no percibe control ni contención del problema. Más bien, existe una narrativa dominante de su expansión. El 66% asegura que la minería ilegal aumentó en el último año y el 66% que las autoridades no están tomando medidas para combatirla.