Pese a que el exministro Rómulo Mucho enfrenta una denuncia constitucional por aceptación indebida de cargo, la Fiscalía de la Nación decidió archivar la investigación contra Dina Boluarte y Alberto Otárola por su nombramiento. La resolución desvincula la responsabilidad de la expresidenta en la designación, aun cuando el Ministerio Público ratifica que el ingreso de Mucho al gabinete fue ilegal.El caso se centra en la designación de Mucho en febrero de 2024, pese a que este era titular del 63% de las acciones de la empresa PEVOEX Contratistas S.A.C. La normativa vigente prohíbe que ciudadanos con más del 1% de participación accionaria en empresas del sector asuman la titularidad de dicha cartera, con el fin de prevenir conflictos de intereses y garantizar la transparencia en la gestión pública. Sin embargo, en el caso de la exmandataria, la disposición fiscal señala que "no se ha podido determinar fehacientemente" que ella conociera la situación de Mucho con relación a sus acciones.