El exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón lleva 908 días prófugo de la justicia, sin acatar la prisión preventiva que pesa en su contra por presunto lavado de activos y crimen organizado por un caso de aportes ilícitos a Perú Libre. Esta semana, el Poder Judicial renovó la orden de ubicación y captura en su contra, lo que frustra, por ahora, su intento de anular la prisión preventiva. La verdadera batalla, sin embargo, se libra en el Tribunal Constitucional (TC), y lo que ocurre allí merece una particular atención.El magistrado Pedro Hernández Chávez, ponente de la resolución sobre el recurso de habeas corpus que busca anular esa prisión, carga con un historial por lo menos cuestionable. Fue su ponencia la que propuso anular la condena de Cerrón por el Caso La Oroya, fue su ponencia la que recortó las facultades del Ministerio Público para investigar a la expresidenta Boluarte y fue su ponencia la que repuso a magistrados destituidos por la JNJ en el escándalo de Los Cuellos Blancos. En el 2021, fue excluido de una postulación al TC por falta de solvencia moral; en el 2023, se repitió la recomendación de exclusión. Sin embargo, el Congreso lo eligió igualmente, con el respaldo de Perú Libre. El círculo se cierra solo.Para que no quede duda del cuadro, el expediente de Cerrón fue tramitado en apenas 15 días hábiles -mientras casos similares esperan meses o años- y llegó al pleno sin la firma del coordinador de la comisión de habeas corpus, quien se negó a visarlo por estar en desacuerdo con una propuesta que favorecía al prófugo.