En este proceso electoral hay un candidato presidencial que reúne una larga lista de cuestionamientos y decisiones que se han movido al ritmo de su conveniencia: Roberto Sánchez. El postulante de Juntos por el Perú ha promovido la minería ilegal e informal, y arrastra graves investigaciones fiscales. Además, su campaña intenta aprovecharse del capital político de Pedro Castillo para ganar votos. Sin embargo, fue de los primeros ministros en desmarcarse del intento de golpe del exmandatario y, a la vez, se abstuvo en la votación de la vacancia de Castillo en el Congreso.Como parlamentario, Sánchez ha suscrito -como autor o coautor- por lo menos una decena de proyectos que favorecen a la minería informal e ilegal. Las iniciativas incluyen la extensión del Reinfo, la flexibilización de exigencias regulatorias y la reducción de herramientas legales para combatir a la minería ilegal.Sus problemas legales tampoco son menores, ya que tiene varias indagaciones. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción lo investiga por un caso que data del 2020 e incluye presuntos delitos de concusión, colusión con perjuicio al Estado, cohecho pasivo impropio y peculado.