Por Óscar Zapata. Presidente de PerúCámaras. El reciente anuncio sobre las concesiones mineras no es un simple ajuste administrativo: es un golpe directo contra la seguridad jurídica y la Constitución. Se trata de una medida improvisada, carente de sustento técnico y legal, que amenaza con desmantelar uno de los pilares más estratégicos de la economía peruana.Las concesiones mineras no son favores políticos ni privilegios discrecionales. Son derechos adquiridos bajo un marco transparente y regulado, que garantizan inversión, empleo y desarrollo regional. Pretender manipular este sistema equivale a desconocer la Constitución y abrir la puerta a la arbitrariedad. Es, en términos claros, un retroceso anticonstitucional.La medida vulnera principios básicos:Seguridad jurídica: se quiebran contratos y se socava la confianza de los inversionistas.Igualdad ante la ley: se crean excepciones y favoritismos que destruyen la competencia leal.Estabilidad institucional: se envía al mundo la señal de que en el Perú las reglas pueden cambiarse por capricho.El resultado es previsible: pérdida de competitividad, caída de ingresos fiscales, debilitamiento de proyectos regionales y expansión de la informalidad. En lugar de fortalecer la minería formal, se la condena a la incertidumbre.Un gremio como PerúCámaras no puede permanecer indiferente. Nuestra voz debe ser firme: sin respeto a la Constitución no hay inversión; sin inversión no hay minería; y sin minería no hay desarrollo.(Edición domingo).