Por Carlos Rodríguez Summers, socio líder de Asesoría Tributaria y Legal de KPMG Perú.La Comisión de Energía y Minas del Congreso ha aprobado un dictamen para modificar la Ley General de Minería. Entre sus propuestas destacan la reducción del plazo para iniciar operaciones de las concesiones de 30 a 15 años, el incremento de la tasa del derecho de vigencia, el endurecimiento de penalidades y la incorporación de mecanismos de participación de comunidades aledañas en las decisiones empresariales del sector. Una reforma de esta naturaleza carece de sustento técnico y representa una amenaza directa sobre el motor más importante de nuestra economía.La minería formal es, hoy, el sector industrial más grande del Perú. Responsable del 66% de nuestras exportaciones en el 2025 y de aproximadamente el 15% de la recaudación tributaria. Es también generadora de empleo directo e indirecto, promotora del desarrollo tecnológico, impulsora de economías regionales y soporte real de comunidades que, sin ella, simplemente no tendrían las mismas oportunidades. Esta es la gallina, y el Congreso parece estar dispuesto a sacrificarla.Reducir el plazo para iniciar las operaciones de las concesiones de 30 a 15 años no responde a ningún criterio técnico ni financiero. Los proyectos mineros requieren, en promedio, 40 años para alcanzar un nivel de madurez sostenible. Acortar ese horizonte temporal no reforma el sector: lo expulsa del mapa de inversiones. Ningún inversionista serio compromete capital de la magnitud que exige la minería sin la certeza mínima de poder recuperarlo. La consecuencia es predecible: mirarán otras jurisdicciones. Chile, Colombia, Brasil y México están dispuestos a recibirlos con reglas más claras, plazos más racionales y menores costos.
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