Por María Isabel León, empresaria y expresidenta de Confiep.En un momento clave en el que el Perú necesita crecer, atraer inversión y cerrar brechas sociales urgentes, preocupa que desde el Congreso se impulsen iniciativas que van en sentido contrario. El proyecto que modifica la Ley General de Minería -hoy en debate- no solo es técnicamente cuestionable: es abiertamente lesivo para el desarrollo del país. Reducir plazos de concesión, elevar penalidades, acelerar la caducidad por demoras burocráticas, entre otros, no es una reforma; es una temeridad.La minería formal ha sido, por décadas, un pilar de la economía: genera cerca de la mitad de nuestras exportaciones, dinamiza regiones y financia salud, educación e infraestructura. Debilitarla no es neutral; golpea directamente las oportunidades de millones de peruanos. La pregunta de fondo debería ser otra: ¿quién enfrenta con decisión la expansión de la minería ilegal? El problema central es un diagnóstico equivocado. No es la minería formal la que contamina, evade o depreda; es la informalidad la que opera sin reglas, sin fiscalización, sin responsabilidad ambiental y sin pagar impuestos. Sin embargo, en lugar de fortalecer la institucionalidad y combatir lo que sí hace daño, se imponen más trabas a quienes cumplen la ley. El resultado es predecible: menos inversión, menos empleo formal y más espacio para actividades ilegales.