Por Angela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).El Perú enfrenta el riesgo real de dejar de ser un destino atractivo para la inversión minera formal. Con la decisión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que modifica el régimen de concesiones mineras aplicable a la minería formal -que se somete a las obligaciones legales, solicita permisos y es una de las actividades más fiscalizadas- se hace inviable el desarrollo de la cartera de proyectos. Así, se deja el camino libre a la minería ilegal, la principal economía criminal en el país, que mira con expectativa la oportunidad que la propia ley le dará para seguir robándole al país.Sin ningún sustento técnico, y de espaldas a las opiniones del Minem e Ingemmet, la comisión sostiene que "todo el Perú está concesionado" y que hay "concesiones ociosas", narrativa que se cae al revisar datos oficiales. Según Ingemmet, solo el 17% del territorio nacional está concesionado a la minería formal, existiendo un amplio espectro que puede ser solicitado en concesión. Y la llamada ociosidad solo refleja el desconocimiento de los legisladores sobre la debilidad institucional en el sector, del enmarañado regulatorio y de la complejidad técnica y operativa para desarrollar un proyecto minero formal y sostenible.Obtener una concesión no significa que una mina opere al día siguiente si se trata de un minero formal. Es el inicio de un ciclo largo y riesgoso que exige capital y años de trabajo, desde la exploración hasta la operación. Solo la prospección y exploración toman mínimo 15 años. A ello se suma que el titular debe negociar con propietarios para adquirir el terreno superficial y que, de existir pueblos indígenas, se requiere consulta previa. Solo superadas estas etapas, y con los permisos ambientales y sectoriales en regla, un proyecto puede avanzar hacia la producción. Esa inversión de riesgo es la que convierte nuestra riqueza geológica en desarrollo. Por eso, pretender la caducidad a los 15 años -cuando un proyecto puede tomar más de 40 años- solo revela desconocimiento del quehacer minero de los autores de un dictamen que violenta la seguridad jurídica.