En cuestión de días, el Congreso, excediendo una vez más sus funciones, ha aprobado tres medidas que, en conjunto, redefinen el gasto público sin haber pasado considerado su financiamiento ni la sostenibilidad fiscal. No se trata de iniciativas aisladas ni de ajustes marginales: el paquete implica, según estimaciones del Consejo Fiscal, un costo anual de alrededor de S/ 11,500 millones. Para este año, el impacto sería de S/ 6,500 millones. Desde el 2027, se consolidaría como un gasto permanente.El problema no es únicamente la magnitud, sino la forma. Las decisiones se han tomado por sectores (militares, docentes y trabajadores CAS) sin si quiera considerar un marco coherente que los articule. Cada medida responde a una lógica particular, pero en agregado configuran un sistema más costoso, más fragmentado y más difícil de sostener.La evidencia más clara está en la iniciativa referida a docentes, que concentra más de S/ 8,000 millones del costo estimado. Su diseño incorpora mecanismos de indexación automática que hacen que el gasto crezca en el tiempo, replicando esquemas que el propio ordenamiento constitucional buscó evitar. En paralelo, la extensión de beneficios a trabajadores CAS añade entre S/ 2,000 y S/ 3,000 millones adicionales.
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