El incremento de la delincuencia ha intensificado la percepción de inseguridad entre la ciudadanía. Según un estudio de Ipsos, el 76% de la población -equivalente a cerca de 19 millones de personas- considera que la extorsión y el cobro de cupos son las actividades criminales que generan mayor preocupación, debido al impacto directo que ejercen sobre los ciudadanos y los pequeños negocios. Este nivel de inquietud supera ampliamente a otras problemáticas como la corrupción de funcionarios (41%), la violencia sexual (37%), el secuestro (35%) y el robo agravado (32%).No obstante, detrás de estos hechos cotidianos existe un entramado más amplio de economías ilegales que alimentan y fortalecen a las organizaciones criminales. Durante la presentación del libro "Propuestas contra la inseguridad ciudadana", organizado por el Banco de Ideas Credicorp y el BCP, en alianza con Capital Humano y Social, se identificó que el tráfico ilícito de drogas y la trata de personas lideran las preocupaciones entre las economías criminales (64%), seguidas por la minería ilegal (52%). Actividades que funcionan como eslabones que permiten financiar y expandir los delitos que, hoy en día, van dejando cada vez más afectados.