El gobierno promulgó la ley que incorpora el pago de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios (CTS) para los trabajadores del régimen CAS, una medida que, junto con otras normas aprobadas por el Congreso, elevaría el gasto público en cerca de S/7.000 millones anuales. Pese a ello, el presidente José María Balcázar reconoció -en entrevista para Exitosa- que aún no está definido cómo se financiarán estos beneficios. "Se tiene que prever en el presupuesto", señaló, sin descartar la posibilidad de recurrir a un crédito suplementario.Para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director de Videnza Instituto, el impacto fiscal de las normas aprobadas es significativo porque se trata de compromisos permanentes y no temporales. "En el caso de darle CTS a los trabajadores CAS, te suma anualmente alrededor de S/3.050 millones, y en el caso de los cambios previsionales a los pensionistas, cerca de S/3.800 millones.De una sola vez estamos incrementando el gasto fiscal por S/6.800 millones sin ninguna fuente de financiamiento", señaló.Según David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, las medidas aprobadas y otras en agenda podrían elevar significativamente el gasto estructural del Estado, pero sin financiamiento.
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