Pasito a paso, como dice el vals, José María Balcázar está confirmando que es un presidente congresal. Es decir que su misión es satisfacer -en los pocos meses que le quedan por delante- los siniestros intereses de las bancadas que lo llevaron al sillón de Pizarro.Y uno de los encargos que parece empeñado en concretar en ese corto tiempo es debilitar al máximo la minería formal, en beneficio de los ilegales que se enriquecen desmesuradamente en la misma actividad extractiva. Junto con el sostenimiento de una empresa calamitosa como Petroperú por la que los peruanos seguimos pagando de nuestros impuestos, son los dos únicos temas en los que su gobierno ha movido alguna ficha con claridad en la peor dirección imaginable para el país, por cierto.Eso no ha sido todo. Su habitual parquedad en cuanto a declaraciones periodísticas fue rota este fin de semana con sorprendentes e injustificados ataques a las operaciones de la empresa Poderosa en La Libertad. Una empresa minera formal que paga sus impuestos y cumple con todos los estándares internacionales que se le exigen.Primero la acusa falsamente de comprar oro que se extrae ilegalmente en la zona. Lejos de rectificarse ante la exigencia de la compañía, el presidente volvió a la carga con un post en el que no solo la vuelve a mencionar, sin mayor prueba que sus propias presunciones, sino que además dice que está de acuerdo con el dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas en el Congreso. Un proyecto de ley que introduce una serie de cambios a la Ley General de Minería, que tendrán un impacto más que negativo para las inversiones y las operaciones legales en el sector.Para nadie es un secreto que la minería formal es uno de los motores económicos que mueve al país. Gobernar en contra de quienes trabajan acogiéndose a todas las regulaciones con el solo objetivo de favorecer a quienes lo hacen burlando la ley, significa otorgar carta blanca a la violencia, la depredación, la evasión de impuestos y el enriquecimiento ilícito en el Perú.